Introducción:
El caso Convenios sigue siendo una fuente de controversia en la política chilena, y uno de los principales puntos de interés es el rol del gobernador Claudio Orrego en la asignación de fondos públicos a la ONG ProCultura. Esta fundación, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, fue beneficiada con convenios millonarios del Gobierno Regional Metropolitano, lo que ahora es motivo de investigación. Este artículo explora los detalles de los convenios, la relación entre Orrego y Larraín y los posibles delitos que podrían derivarse de esta relación.
Convenios bajo investigación: el programa “Quédate”
El programa “Quédate” fue lanzado por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore) con el fin de apoyar la prevención del suicidio en la región. ProCultura, la ONG liderada por Larraín, recibió $1.683 millones para llevar a cabo este programa, lo cual generó sospechas debido a la asignación directa del convenio sin concurso público. La Fiscalía de Aysén, a cargo de la investigación, está examinando si existieron delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias en este proceso.
Los lazos entre Orrego y Larraín: ¿confianza o conflicto de interés?
Orrego y Larraín tienen una relación profesional de larga data que ha despertado dudas. En 2012, Larraín trabajó en un consultorio de salud mental en Peñalolén cuando Orrego era alcalde de la comuna. Posteriormente, Larraín apoyó la campaña presidencial de Orrego en 2013. Estos antecedentes han llevado a la opinión pública a preguntarse si esta relación de confianza fue determinante en la asignación de fondos a ProCultura, generando un posible conflicto de interés.
ProCultura: un crecimiento inusual en fondos públicos
La ONG ProCultura fue fundada en 2010 y tenía como objetivo la promoción de actividades culturales. Sin embargo, en 2022, la fundación experimentó un aumento de ingresos de diez veces, pasando de $316 millones en 2021 a más de $3.200 millones en 2022, en gran parte gracias a fondos de reparticiones públicas. Este crecimiento ha sido uno de los elementos que ha suscitado mayor interés por parte de la fiscalía, que busca determinar si los fondos fueron manejados de manera transparente.
Transferencias sin respaldo y dudas sobre la transparencia de los fondos
Según los antecedentes presentados por la fiscalía, entre 2022 y 2023 se identificaron varias transferencias desde las cuentas de ProCultura a las cuentas personales de Larraín y de la representante legal de la fundación, Constanza Gómez. Estas transferencias, que superan los $110 millones, no cuentan con boletas de honorarios ni justificantes, lo cual ha levantado sospechas sobre un posible desvío de fondos. Este es uno de los puntos más relevantes en la investigación y que podría determinar el curso de las acciones legales.
La defensa de Orrego y la postura del Gobierno Regional Metropolitano
En medio de la controversia, el Gobierno Regional Metropolitano ha emitido comunicados en los que asegura que la asignación de fondos a ProCultura se realizó de acuerdo con las normas. Orrego argumenta que ProCultura fue seleccionada debido a que otras organizaciones no cumplían con los requisitos para ejecutar el programa “Quédate.” Además, la gobernación afirma que han presentado una querella criminal por apropiación indebida en contra de ProCultura, destacando su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.
El cierre de ProCultura y sus repercusiones
En noviembre de 2023, ProCultura anunció el cierre definitivo de sus operaciones, argumentando un daño patrimonial y reputacional irreparable. Este cierre ha sido interpretado como un intento de evitar mayores conflictos legales, aunque no ha detenido las investigaciones en curso. La desaparición de ProCultura complica la situación para el Gore Metropolitano, que ahora enfrenta una mayor presión para justificar su decisión de asignar fondos a esta organización.
El impacto en la imagen pública de Orrego
La implicación de Orrego en el caso Convenios ha afectado su imagen pública, generando dudas sobre su rol en la asignación de fondos y su relación con Larraín. Aunque Orrego ha negado cualquier conflicto de interés, la ciudadanía se pregunta si la confianza depositada en ProCultura fue apropiada o si, por el contrario, existió algún grado de favoritismo en la asignación de fondos. Esta situación representa un desafío significativo para Orrego, quien ha sido una figura destacada en el ámbito político chileno.
¿Corrupción o errores administrativos?
La fiscalía ha señalado que el caso Convenios involucra tres posibles delitos: fraude al Fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida. Sin embargo, aún no se han formalizado cargos contra Orrego ni otros funcionarios del Gore Metropolitano. Para muchos observadores, el caso podría revelar un problema estructural en la administración de fondos públicos en Chile, en el que las relaciones personales o políticas influyen en la asignación de convenios.
El papel de la fiscalía y las próximas acciones legales
La fiscalía está investigando detalladamente los convenios de ProCultura en varias regiones, incluidas Magallanes, Antofagasta y Valparaíso, lo que sugiere que las irregularidades podrían no estar limitadas a la Región Metropolitana. Además, la incautación de dispositivos electrónicos en días recientes apunta a que la investigación podría arrojar nuevos detalles sobre la administración de fondos y la relación entre Larraín y Orrego. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro del caso y las posibles consecuencias para los involucrados.
¿Un caso que redefine la administración de fondos públicos?
El caso Convenios, y en particular el convenio entre el Gore Metropolitano y ProCultura, plantea interrogantes sobre la administración de fondos públicos en Chile. Si bien no se ha demostrado una participación directa de Orrego en delitos de corrupción, la relación con Larraín y la asignación de fondos sin concurso público generan dudas. La resolución de esta investigación será clave para entender si el caso es un reflejo de corrupción sistémica o simplemente un ejemplo de malas prácticas administrativas en la gestión de recursos públicos.