Un gesto tan simple como un abrazo ha generado una tormenta judicial en torno al caso Convenios. En medio de la creciente controversia sobre el uso de fondos públicos, un video captó a Alberto Larraín, fundador de ProCultura, y al gobernador Claudio Orrego celebrando la aprobación del programa “Quédate.” Este proyecto de prevención de suicidios, financiado por el Gobierno Regional Metropolitano, es ahora objeto de una investigación por presunto fraude al Fisco y tráfico de influencias. A continuación, desentrañamos los detalles de este vínculo y lo que significa para el futuro de ambos.
El abrazo que se volvió un símbolo
En junio de 2022, el Consejo Regional Metropolitano aprobó la propuesta de Orrego de nombrar a Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Regional. Poco después, el mismo Consejo aprobó la entrega de $1.683 millones a ProCultura para el programa “Quédate.” El video del abrazo entre Orrego y Larraín, difundido en redes sociales, ha sido interpretado por algunos como un símbolo de complicidad, mientras que otros lo ven como un simple gesto de celebración profesional. Sin embargo, en el contexto de la investigación judicial, este gesto ha adquirido una relevancia inesperada.
El programa “Quédate” y las sospechas de irregularidades
“Quédate” es un programa de prevención de suicidios que busca coordinar esfuerzos de salud mental a través de ProCultura. Aunque la misión del proyecto es de gran importancia social, la forma en que se otorgaron los fondos ha levantado sospechas. El convenio fue asignado a ProCultura de manera directa, pocos días después de que Larraín fuera nombrado director de la Corporación de Desarrollo, presidida por Orrego. Para la fiscalía, esta asignación podría implicar tráfico de influencias y una falta de transparencia en el uso de los recursos.
Un vínculo que viene de años
La relación entre Orrego y Larraín no es nueva. En 2012, Larraín trabajaba en el consultorio de salud mental de Peñalolén bajo la administración de Orrego como alcalde. Más tarde, Larraín apoyó la campaña presidencial de Orrego en 2013. Esta conexión de larga data ha llevado a algunos observadores a cuestionar si el convenio con ProCultura se basó en méritos o en una relación personal, planteando la posibilidad de un conflicto de interés en la asignación de fondos.
Transferencias sin respaldo a cuentas personales
Documentos presentados por la fiscalía detallan que, entre 2022 y 2023, ProCultura realizó varias transferencias a las cuentas personales de Larraín y de la representante legal de la fundación, Constanza Gómez, por un monto superior a $110 millones. Estas transferencias no están respaldadas por boletas de honorarios ni otros justificantes, lo que sugiere un posible desvío de fondos. Este movimiento de dinero es uno de los puntos clave en la investigación y podría determinar el alcance de las responsabilidades legales de los involucrados.
El impacto del abrazo en la opinión pública
La difusión del video del abrazo ha tenido un impacto considerable en la opinión pública. Muchos ciudadanos interpretan el gesto como una muestra de favoritismo, especialmente en un contexto de asignación de fondos públicos. Aunque Orrego ha defendido su papel en el proyecto “Quédate,” sosteniendo que ProCultura fue seleccionada porque cumplía con requisitos administrativos que otras organizaciones no podían cubrir, la imagen del abrazo sigue siendo percibida como un símbolo de una relación que podría haber influido en la asignación de fondos.
La respuesta de Orrego y su equipo
Ante las críticas, Orrego ha argumentado que el convenio con ProCultura se realizó de acuerdo a los lineamientos de transparencia y control de fondos públicos. En un comunicado, la gobernación aseguró que ProCultura fue seleccionada porque era la única organización capaz de cumplir con los requisitos administrativos del proyecto, como la contratación de seguros y boletas de garantía. Además, Orrego ha insistido en que el Gobierno Regional Metropolitano ha presentado una querella contra ProCultura, reafirmando su compromiso con la transparencia.
El cierre de ProCultura en medio de la controversia
En noviembre de 2023, ProCultura anunció el cierre de sus operaciones, una medida que algunos interpretan como una estrategia para evitar conflictos judiciales futuros. El daño a la reputación de la fundación ha sido severo, especialmente por las irregularidades en la rendición de cuentas que la fiscalía está investigando. El cierre de ProCultura aumenta la presión sobre la gobernación de Orrego para justificar su elección de esta ONG como administradora del programa “Quédate” y para demostrar que el proyecto fue ejecutado de manera legítima.
Otros gobernadores implicados en el caso Convenios
Además de Claudio Orrego, otros gobernadores, como los de Magallanes, Antofagasta y Valparaíso, también están bajo investigación por convenios similares con ProCultura. La asignación directa de fondos y la falta de transparencia en la rendición de cuentas sugieren que este problema podría ser sistémico en la administración de fondos públicos a nivel regional. La fiscalía ha señalado que analizará cada uno de los convenios suscritos para determinar si existen indicios de corrupción o simplemente de mala administración.
El papel de la fiscalía y las incautaciones de dispositivos
La fiscalía ha dado pasos importantes en la investigación del caso Convenios. En días recientes, la PDI incautó dispositivos electrónicos como celulares y computadores pertenecientes a exfuncionarios de ProCultura, con el fin de obtener pruebas sobre el manejo de los fondos y las comunicaciones entre la fundación y las gobernaciones. Esta incautación podría proporcionar información clave para determinar el alcance de las responsabilidades legales de Larraín, Orrego y otros funcionarios públicos involucrados.
¿Un abrazo que marcará el futuro de Orrego?
La imagen del abrazo entre Alberto Larraín y Claudio Orrego ha cobrado un significado simbólico en el caso Convenios, representando para muchos una posible relación de complicidad en el manejo de fondos públicos. A medida que avanzan las investigaciones, queda por ver si el vínculo entre ambos será motivo de una imputación formal o si el caso revelará que los convenios fueron asignados sin irregularidades. Por ahora, la opinión pública sigue de cerca cada revelación, a la espera de respuestas que puedan disipar las dudas en torno a este controvertido caso.