El caso Convenios ha despertado una ola de interrogantes sobre el uso de fondos públicos en Chile. Uno de los puntos de mayor atención es la relación entre el gobernador Claudio Orrego y la ONG ProCultura, liderada por Alberto Larraín. Esta fundación recibió millonarios fondos por parte del Gobierno Regional Metropolitano, lo cual ha generado sospechas de posible tráfico de influencias y falta de control en la administración de recursos. En esta nota, analizamos las pruebas clave y lo que significan para el futuro político de Orrego.
El programa “Quédate” y la asignación de fondos públicos
En 2022, el Gobierno Regional Metropolitano (Gore) asignó $1.683 millones a ProCultura para implementar el programa “Quédate,” enfocado en la prevención de suicidios. Aunque la misión del proyecto es fundamental, la forma en que se adjudicó el convenio ha generado sospechas, dado que fue asignado directamente a ProCultura sin un proceso de licitación pública. La fiscalía investiga si la relación.
Vínculos entre Claudio Orrego y Larraín: un tema de confianza o de conflicto de interés
La relación profesional entre Orrego y Larraín data de 2012, cuando trabajaron juntos en el consultorio de salud mental de Peñalolén, bajo la alcaldía de Orrego. Más adelante, Larraín apoyó la campaña presidencial de Orrego en 2013. Estos antecedentes han llevado a la opinión pública a cuestionar si esta relación influyó en la elección de ProCultura como administradora del programa “Quédate,” y si existe un conflicto de interés en la asignación de fondos.
Un crecimiento financiero acelerado: ¿justificado?
ProCultura, fundada en 2010, pasó de recibir $316 millones en 2021 a más de $3.200 millones en 2022, en gran parte gracias a fondos de reparticiones públicas. Este crecimiento financiero ha sido uno de los aspectos más discutidos en el caso, ya que ha despertado dudas sobre si la ONG estaba preparada para gestionar un aumento tan significativo en recursos y si hubo supervisión adecuada en el uso de estos fondos.
Transferencias bajo la lupa: movimientos financieros sin respaldo
Entre 2022 y 2023, la fiscalía detectó múltiples transferencias de fondos desde las cuentas de ProCultura a cuentas personales de Larraín y de su representante legal, Constanza Gómez. Estas transferencias, por un monto superior a $110 millones, no están respaldadas por boletas de honorarios ni otros justificantes. La fiscalía considera estos movimientos financieros como una de las claves para determinar si existió un desvío de recursos en el convenio suscrito con el Gore Metropolitano.
La postura de Claudio Orrego: transparencia y control de recursos
En medio de las acusaciones, el Gobierno Regional Metropolitano ha defendido la transparencia en sus procesos. Orrego ha sostenido que ProCultura fue seleccionada porque cumplía con los requisitos administrativos que otras organizaciones no podían cubrir, como la contratación de seguros y boletas de garantía. Además, el Gore ha presentado una querella criminal contra ProCultura, subrayando su compromiso con el control y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
ProCultura cierra sus puertas en medio de la polémica
En noviembre de 2023, ProCultura anunció el cierre definitivo de sus operaciones, una decisión que algunos consideran un intento de evitar futuras complicaciones judiciales. La fiscalía ha dejado claro que el cierre de la ONG no detendrá la investigación en curso. La desaparición de ProCultura añade presión a la gobernación de Orrego para demostrar que los fondos destinados al programa “Quédate” fueron administrados correctamente y con transparencia.
Otros gobernadores bajo investigación en el caso Convenios
Claudio Orrego no es el único gobernador implicado en el caso Convenios. Otros líderes regionales, como los de Magallanes, Antofagasta y Valparaíso, también están bajo investigación por convenios similares con ProCultura. La fiscalía examina cada uno de estos convenios para determinar si existieron patrones de favoritismo o falta de control en la asignación de recursos públicos, lo cual podría reflejar un problema estructural en la administración de fondos a nivel nacional.
La incautación de equipos: un paso decisivo en la investigación
En un esfuerzo por recolectar pruebas adicionales, la Policía de Investigaciones (PDI) incautó recientemente dispositivos electrónicos de exfuncionarios de ProCultura, incluyendo computadores y celulares. Estos dispositivos contienen información clave, como registros financieros y correos electrónicos, que podrían esclarecer si hubo tráfico de influencias, fraude al Fisco o apropiación indebida en la asignación de fondos públicos.
El impacto del caso en la imagen de Claudio Orrego
La implicación de Claudio Orrego en el caso Convenios ha generado cuestionamientos sobre su papel en la administración de fondos y su relación con Larraín. Aunque Orrego ha defendido su actuación y sostiene que los fondos se asignaron de acuerdo a la normativa, muchos ciudadanos se muestran escépticos ante la falta de transparencia en la asignación de recursos. Este caso representa un reto importante para la imagen de Orrego, quien deberá demostrar que su relación con Larraín no influyó en la gestión del programa.
¿Un caso de corrupción o un fallo administrativo?
La investigación del caso Convenios plantea importantes preguntas sobre la gestión de fondos públicos en Chile. La relación entre Orrego y Larraín, el rápido crecimiento de los ingresos de ProCultura y las transferencias sin respaldo son aspectos que la fiscalía analiza para esclarecer si existió corrupción o simplemente una falta de supervisión. A medida que la investigación avanza, el desenlace del caso será crucial para establecer nuevos estándares de transparencia en la administración pública y el futuro de las figuras involucradas.