El caso Convenios continúa ganando notoriedad en Chile, apuntando a varios actores políticos, entre ellos el gobernador metropolitano Claudio Orrego. En el centro de la investigación están los convenios millonarios entre la Gobernación Metropolitana y la ONG ProCultura, liderada por Alberto Larraín. En esta nota exploramos quiénes son los implicados, cuáles son los vínculos entre ellos y los puntos clave que definen esta compleja trama.
El inicio del caso y los actores principales
La controversia en torno al caso Convenios comenzó con la querella presentada en 2023 por diputados del Partido Republicano, quienes acusaron a Alberto Larraín y su fundación, ProCultura, de presunto fraude al Fisco. Los parlamentarios destacaron los convenios entre ProCultura y varias gobernaciones, siendo el del Gobierno Regional Metropolitano (Gore) uno de los más significativos, especialmente por la relación cercana que existe entre Larraín y el gobernador Claudio Orrego.
Claudio Orrego y Alberto Larraín: una relación de larga data
La relación profesional entre Orrego y Larraín se remonta a más de una década atrás. En 2012, Larraín trabajó en el consultorio de salud mental de Peñalolén, cuando Orrego era alcalde de esa comuna. Posteriormente, Larraín apoyó la campaña presidencial de Orrego en 2013, lo cual deja ver una conexión profesional y personal. Estos vínculos han despertado dudas sobre si esta relación fue un factor decisivo en la asignación de fondos a ProCultura y en el nombramiento de Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Regional.
Los convenios millonarios y el programa “Quédate”
Uno de los convenios más relevantes es el del programa “Quédate,” un proyecto de prevención de suicidios que recibió $1.683 millones del Gore Metropolitano bajo la dirección de Orrego. La controversia surge porque el convenio se asignó de manera directa a ProCultura, pocos días después de que Larraín fuera nombrado director de la Corporación de Desarrollo presidida por Orrego. La Fiscalía de Aysén, a cargo de la investigación, ha señalado que estas decisiones podrían implicar tráfico de influencias y fraude al Fisco.
Otros gobernadores implicados en el caso
Claudio Orrego no es el único gobernador implicado en el caso Convenios. Gobernadores de otras regiones, como Magallanes, Antofagasta, Valparaíso y Biobío, también han sido mencionados en la investigación, dado que firmaron convenios millonarios con ProCultura. Aunque cada caso tiene sus particularidades, el patrón de asignación directa de fondos a esta ONG y la falta de control en el uso de recursos públicos se repite en varias de las regiones involucradas.
El rol de ProCultura en la administración de fondos
ProCultura, fundada por Larraín en 2010, experimentó un crecimiento financiero notable en 2022, incrementando sus ingresos en más de diez veces. Sin embargo, la falta de transparencia en la rendición de estos fondos ha puesto a la ONG bajo la lupa. La fiscalía ha detectado transferencias de dinero de ProCultura a cuentas personales de Larraín y de su representante legal, Constanza Gómez, sin respaldo en boletas de honorarios, lo cual podría representar un desvío de fondos.
El impacto del caso en la imagen de Orrego
Claudio Orrego ha sido una figura influyente en la política chilena, conocido por su labor en gestión pública. Sin embargo, su implicación en el caso Convenios ha puesto en duda su compromiso con la transparencia. Aunque Orrego sostiene que los convenios con ProCultura se otorgaron de acuerdo a las normas, los investigadores han expresado que sus vínculos con Larraín y la asignación de fondos directos generan sospechas. Su papel como querellante en la causa busca desmarcarlo de la controversia, aunque muchos ciudadanos aún tienen dudas sobre su responsabilidad.
ProCultura anuncia su cierre
En medio de la investigación, ProCultura anunció el cierre de sus operaciones en noviembre de 2023, alegando un daño irreparable en su reputación. Este cierre abrupto ha sido interpretado por algunos como una medida para evitar nuevos conflictos judiciales, aunque la fiscalía continúa revisando los detalles financieros de la ONG para esclarecer el destino de los fondos recibidos. El cierre de ProCultura complica la situación para la gobernación de Orrego, que enfrenta críticas sobre la elección de esta ONG como administradora del programa “Quédate.”
La respuesta de Orrego y su equipo
Ante las acusaciones, el Gobierno Regional Metropolitano ha negado cualquier favoritismo en la asignación de fondos a ProCultura. En un comunicado, Orrego argumentó que la ONG fue seleccionada debido a su capacidad para cumplir con los requisitos administrativos del proyecto, como la contratación de seguros y boletas de garantía. Además, Orrego ha defendido su rol como querellante en la causa y su compromiso con la transparencia, enfatizando que los tribunales deben determinar si hubo algún delito en la administración de estos fondos.
¿Corrupción o mala administración?
La ciudadanía y la prensa siguen de cerca cada revelación del caso Convenios, buscando respuestas a las dudas sobre el uso de fondos públicos y el rol de las autoridades en estas asignaciones. La relación entre Orrego y Larraín es un tema delicado, y aunque hasta ahora no existen acusaciones formales contra Orrego, las pruebas indican que los convenios con ProCultura deben ser revisados a fondo. La decisión de la fiscalía sobre el caso será clave para definir si se trató de un caso de corrupción o de un manejo cuestionable de los recursos.
¿Responsabilidad administrativa o abuso de poder?
El caso Convenios es uno de los escándalos de gestión pública más relevantes en Chile en los últimos años. La relación entre Claudio Orrego y Alberto Larraín, la administración de fondos públicos y la falta de transparencia en la rendición de cuentas han dejado un impacto en la confianza de los ciudadanos. Por ahora, el futuro político de Orrego está en manos de la justicia, y la opinión pública sigue pendiente de la resolución de esta investigación.