El caso Convenios ha revelado un crecimiento exponencial en los fondos públicos destinados a la ONG ProCultura, dirigida por Alberto Larraín. Esta fundación aumentó sus ingresos de forma significativa durante 2022, gracias a convenios suscritos con distintas gobernaciones, incluyendo la del Gobierno Regional Metropolitano a cargo de Claudio Orrego. ¿A qué se debe este incremento de fondos? ¿Existen pruebas de corrupción, o solo se trata de un caso de administración cuestionable?
ProCultura y el caso Convenios: el crecimiento en cifras
En 2022, ProCultura experimentó un aumento de ingresos inusualmente alto, pasando de $316 millones en 2021 a más de $3.200 millones en 2022. Este incremento de fondos provino en gran parte de convenios con diversas gobernaciones, entre ellas la Región Metropolitana. El programa “Quédate,” un proyecto de prevención de suicidios financiado por la gobernación de Orrego, representa uno de los convenios más importantes y controvertidos en el caso.
El programa “Quédate” y la asignación directa
El programa “Quédate” fue impulsado con el objetivo de fortalecer los servicios de salud mental en la Región Metropolitana. Sin embargo, el hecho de que el convenio se asignara directamente a ProCultura, sin un proceso de concurso público, ha suscitado sospechas de posibles irregularidades. La Fiscalía de Aysén, encargada de la investigación, ha indicado que este proceso de asignación podría implicar un caso de tráfico de influencias y fraude al Fisco.
El vínculo entre Claudio Orrego y Larraín: ¿confianza o favoritismo?
Claudio Orrego y Alberto Larraín han mantenido una relación profesional desde hace más de una década, cuando Larraín trabajaba en Peñalolén, municipio gobernado entonces por Orrego. Posteriormente, Larraín apoyó la campaña presidencial de Orrego en 2013. Esta relación ha llevado a algunos sectores a plantear que el convenio fue resultado de un favoritismo hacia Larraín, mientras que otros argumentan que se trató de una asignación basada en la confianza y en la capacidad de ProCultura para ejecutar el programa.
Las transferencias sin justificación en el caso ProCultura
Documentos de la fiscalía revelan que, entre 2022 y 2023, se registraron transferencias por más de $110 millones desde las cuentas de ProCultura hacia cuentas personales de Larraín y de la representante legal de la fundación, Constanza Gómez. Estas transacciones no están respaldadas por boletas de honorarios ni justificativos legales, lo cual ha generado dudas sobre el destino de los fondos. La fiscalía ha puesto especial atención en estas transferencias como indicios de un posible desvío de recursos públicos.
La postura del Gobierno Regional Metropolitano y la defensa de Orrego
Ante el creciente escrutinio público, el Gobierno Regional Metropolitano ha respondido defendiendo su proceso de asignación de fondos. Orrego ha sostenido que ProCultura fue elegida para ejecutar el programa “Quédate” porque cumplía con requisitos administrativos que otras organizaciones no podían cumplir, como la contratación de seguros y garantías. Además, el Gore ha presentado una querella criminal contra ProCultura, en un intento por demostrar su compromiso con la transparencia.
El cierre de ProCultura y sus implicancias
En noviembre de 2023, ProCultura anunció el cese de sus operaciones, argumentando que el caso Convenios había dañado irreparablemente su reputación. Aunque algunos consideran que esta decisión fue una estrategia para evitar conflictos judiciales futuros, la fiscalía ha dejado en claro que el cierre de la fundación no detendrá la investigación en curso. Esta medida añade presión a la gobernación de Orrego para que justifique su elección de ProCultura como administradora del programa de prevención de suicidios.
Otros gobernadores en el ojo del caso Convenios
Además de Claudio Orrego, otros gobernadores como los de Magallanes, Antofagasta y Valparaíso están bajo investigación por convenios similares con ProCultura. Este patrón de asignación directa de fondos a la ONG sugiere que podría existir un problema estructural en la administración de fondos públicos en Chile. La fiscalía ha anunciado que analizará los convenios en cada una de estas regiones para determinar si hubo delitos de corrupción o simplemente un manejo deficiente de los recursos.
La incautación de dispositivos y nuevos avances en la investigación
En días recientes, la PDI incautó equipos electrónicos como computadores y celulares pertenecientes a exfuncionarios de ProCultura. Esta incautación busca obtener pruebas concretas sobre el uso de los fondos y la relación entre ProCultura y las gobernaciones involucradas. Los dispositivos incautados contienen información clave que podría ayudar a esclarecer si existió algún tipo de fraude o tráfico de influencias en la asignación de los fondos.
El impacto en la imagen de Orrego y el futuro de su carrera política
El caso Convenios ha puesto en duda la imagen de Claudio Orrego como figura política de confianza en Chile. Aunque el gobernador ha declarado que la asignación de fondos a ProCultura fue transparente, muchos ciudadanos se muestran escépticos ante los vínculos entre Orrego y Larraín y el crecimiento financiero de la fundación en un solo año. La opinión pública espera que la investigación revele más detalles sobre el rol de Orrego en estos convenios y aclare si realmente existieron irregularidades.
¿Un ejemplo de corrupción o de mala administración?
El caso Convenios, y en particular el aumento inusual en los fondos de ProCultura, plantea preguntas importantes sobre la administración de recursos públicos en Chile. A medida que avanzan las investigaciones, las autoridades deberán esclarecer si el crecimiento financiero de ProCultura fue resultado de prácticas corruptas o simplemente de una administración deficiente. La resolución de este caso será fundamental para definir los estándares de transparencia en la gestión pública y el futuro político de Claudio Orrego y otros gobernadores implicados.