El sorprendente aumento de ingresos de ProCultura en 2022 ha sido uno de los puntos clave en el caso Convenios, donde se cuestiona el uso de fondos públicos por parte de varias gobernaciones. Esta ONG, liderada por Alberto Larraín, pasó de recibir $316 millones en 2021 a más de $3.200 millones en 2022, una cifra que ha levantado sospechas y motivado una investigación que involucra al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. En esta nota, exploramos los detalles detrás de este crecimiento y su relación con la controversia.
Un crecimiento inusual: de $316 millones a $3.200 millones
El aumento de ingresos de ProCultura en un solo año ha suscitado preguntas sobre la transparencia en la asignación de fondos públicos. La fiscalía ha señalado que este crecimiento se debe, en gran medida, a los convenios firmados con varias gobernaciones, entre ellas la Región Metropolitana bajo la dirección de Claudio Orrego. La asignación de $1.683 millones para el programa “Quédate,” un proyecto de prevención de suicidios, es uno de los convenios más importantes y cuestionados.
El programa “Quédate” y la asignación directa a ProCultura
El programa “Quédate” fue impulsado para ofrecer apoyo en salud mental, una misión de gran relevancia social. Sin embargo, la asignación directa del convenio a ProCultura, sin un proceso de concurso público, ha levantado sospechas de posible favoritismo o tráfico de influencias. Este hecho ha puesto en duda la transparencia de la gobernación de Orrego, quien ha sido criticado por su relación con Larraín y su posible influencia en la decisión.
Los lazos personales entre Orrego y Larraín: ¿hubo conflicto de interés?
La relación entre Claudio Orrego y Alberto Larraín no es reciente. Desde 2012, ambos han trabajado juntos en distintas etapas, primero en el consultorio de salud mental de Peñalolén, bajo la alcaldía de Orrego, y luego en la campaña presidencial de Orrego en 2013. Estos vínculos han llevado a algunos críticos a cuestionar si el convenio con ProCultura se basó en una relación de confianza, planteando la posibilidad de un conflicto de interés en la asignación de fondos.
Transferencias sin respaldo: un flujo financiero en cuestión
Entre 2022 y 2023, la fiscalía identificó transferencias desde las cuentas de ProCultura a cuentas personales de Larraín y de la representante legal de la ONG, Constanza Gómez, por un monto superior a $110 millones. Estas transferencias no están respaldadas por boletas de honorarios u otros justificantes, lo cual ha generado dudas sobre el destino de los fondos y ha intensificado la investigación sobre un posible desvío de recursos públicos.
La respuesta de Orrego ante las acusaciones
Claudio Orrego ha defendido su papel en la asignación de fondos a ProCultura, afirmando que el convenio fue adjudicado de acuerdo con la normativa vigente. Según el Gobierno Regional Metropolitano, ProCultura fue seleccionada para ejecutar el programa “Quédate” debido a su capacidad para cumplir con los requisitos administrativos, como la contratación de seguros y boletas de garantía, que otras organizaciones no podían cubrir. Orrego insiste en que la relación con Larraín no influyó en la elección de la ONG y ha presentado una querella criminal en contra de ProCultura.
ProCultura cierra sus puertas en medio de la controversia
En noviembre de 2023, ProCultura anunció el cierre de sus operaciones, alegando que el caso Convenios había dañado irreparablemente su reputación. Aunque algunos interpretan esta decisión como una estrategia para evitar futuros conflictos judiciales, la fiscalía ha aclarado que el cierre de la ONG no detendrá la investigación. El cierre de ProCultura ha añadido presión sobre Orrego y la administración del Gore para demostrar que los fondos asignados fueron manejados de manera adecuada.
Otros gobernadores bajo la lupa del caso Convenios
Claudio Orrego no es el único gobernador implicado en el caso Convenios. Las gobernaciones de Magallanes, Antofagasta y Valparaíso también están siendo investigadas por convenios con ProCultura. Este patrón de asignación directa de fondos a la ONG sugiere que podría existir un problema sistémico en la administración de recursos públicos a nivel regional, y la fiscalía está revisando los convenios en cada región para esclarecer si hubo irregularidades o falta de control en la rendición de cuentas.
La importancia de las incautaciones de dispositivos electrónicos
La Policía de Investigaciones (PDI) ha realizado recientemente incautaciones de equipos electrónicos pertenecientes a exfuncionarios de ProCultura. Los investigadores esperan que estos dispositivos contengan información crucial, como registros financieros y correos electrónicos, que permita esclarecer el uso de los fondos y determinar si existió tráfico de influencias o desvío de recursos en los convenios con el Gore y otras gobernaciones.
El impacto en la carrera política de Orrego
La implicación de Claudio Orrego en el caso Convenios ha generado dudas sobre su papel en la gestión de fondos públicos y su relación con ProCultura. Aunque hasta ahora no se han presentado cargos formales en su contra, la opinión pública sigue cuestionando la transparencia en la administración del Gore Metropolitano y la influencia que su relación con Larraín pudo haber tenido en la asignación de fondos. El futuro político de Orrego está en juego y dependerá en gran medida de los resultados de esta investigación.
¿Corrupción o falta de control?
El caso Convenios y el aumento inusual en los fondos de ProCultura reflejan posibles problemas en la administración de recursos públicos en Chile. A medida que la fiscalía avanza en la investigación, la ciudadanía espera respuestas que permitan aclarar si los vínculos personales y la falta de supervisión influyeron en la asignación de fondos. El resultado de esta investigación será crucial para definir los estándares de transparencia en la gestión pública y el futuro de Claudio Orrego y otros gobernadores involucrados.