El caso Convenios ha alcanzado nuevas dimensiones al poner bajo la lupa a varias gobernaciones, incluida la de Claudio Orrego en la Región Metropolitana. Mientras la Fiscalía de Aysén indaga un posible tráfico de influencias, fraude al Fisco y apropiación indebida, Orrego ha defendido la transparencia de su administración, aunque sus vínculos con Alberto Larraín, líder de ProCultura, suscitan sospechas. ¿Hay pruebas contundentes de corrupción o se trata de una práctica administrativa cuestionable?
Convenios en el ojo de la fiscalía: ProCultura y el programa “Quédate”
En junio de 2022, el Gobierno Regional Metropolitano, bajo la dirección de Orrego, autorizó un convenio de $1.683 millones con la ONG ProCultura para el programa de prevención de suicidios “Quédate.” Aunque el proyecto tenía fines nobles, la fiscalía está investigando posibles irregularidades en la asignación de estos fondos. Según los querellantes, el convenio se suscribió por asignación directa, y Larraín fue nombrado director de la Corporación de Desarrollo de Santiago, presidida por Orrego, poco antes de la aprobación de los fondos.
El rol de la fiscalía: ¿fraude, tráfico de influencias o apropiación indebida?
La investigación liderada por el fiscal Luis González ha clasificado el caso en tres posibles delitos: fraude al Fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida. La asignación de fondos a ProCultura, así como el nombramiento de Larraín, son los puntos críticos. Según el escrito judicial, existen “situaciones indiciarias de delito” en torno a la vinculación personal y profesional entre Larraín y Orrego, quien propondría el nombramiento de Larraín solo tres semanas antes de aprobarse el convenio.
Vínculos entre Orrego y Larraín: ¿una relación de conveniencia?
La relación entre Orrego y Larraín data de 2012, cuando Larraín trabajaba en el consultorio de salud mental de Peñalolén, bajo la administración del entonces alcalde Orrego. Además, Larraín apoyó la campaña presidencial de Orrego en 2013. Estos vínculos han despertado preguntas en la opinión pública sobre si el convenio con ProCultura se otorgó debido a la relación de cercanía entre ambos. Para algunos observadores, la relación personal entre ambos es un factor relevante en el caso.
Detalles de las transferencias: fondos sin boletas
Entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, la fiscalía detectó transferencias de ProCultura a cuentas personales de Larraín y Gómez, la representante legal de la fundación, por montos que superan los $110 millones. Según el reporte de la fiscalía, no se han presentado boletas de honorarios ni documentos que justifiquen los traspasos, lo cual genera sospechas de desvío de fondos. Este flujo financiero ha sido catalogado como inconsistente y es una pieza clave en el desarrollo del caso.
La postura de Orrego y su equipo
En una declaración pública, la Gobernación Metropolitana negó cualquier tráfico de influencias o favoritismo en la asignación de fondos a ProCultura. Orrego ha argumentado que la fundación fue seleccionada debido a que otras organizaciones no cumplían con los requisitos administrativos necesarios para ejecutar el proyecto “Quédate.” Además, Orrego sostiene que la gobernación es querellante en el caso, reiterando que la justicia debe determinar si existieron o no delitos en la administración de estos fondos.
Un caso que se extiende a otras gobernaciones
El caso Convenios no solo ha puesto en la mira al Gobierno Regional Metropolitano. Otras gobernaciones, como las de Magallanes, Antofagasta y Valparaíso, también enfrentan investigaciones por convenios con ProCultura y otras fundaciones. La complejidad del caso refleja una presunta falta de control en la administración de fondos públicos a nivel nacional, lo que podría derivar en nuevas acciones legales y auditorías en los próximos meses.
ProCultura: de crecimiento acelerado a cierre definitivo
En noviembre de 2023, ProCultura anunció el cese de sus operaciones, una decisión que algunos analistas interpretan como una estrategia de la fundación para evitar futuros conflictos judiciales. Este cierre ha incrementado la presión sobre la Gobernación Metropolitana para esclarecer los detalles del convenio y demostrar la transparencia de su administración. La caída de ProCultura es vista como un reflejo de la magnitud y el impacto del caso Convenios en la sociedad chilena.
¿Una responsabilidad administrativa o un caso de corrupción?
A medida que avanzan las investigaciones, la ciudadanía exige claridad en torno a los fondos públicos y los actores involucrados en el caso Convenios. La relación de Orrego con Larraín es un tema sensible, y aunque aún no se han formalizado acusaciones en su contra, los antecedentes recopilados hasta ahora generan interrogantes sobre el rol del gobernador en estos convenios. Los próximos meses serán decisivos para que el público determine si los lazos de Orrego y Larraín representan corrupción o un simple error administrativo.
Las próximas etapas de la investigación
La fiscalía ha anunciado que continuará indagando los detalles financieros del convenio “Quédate” y otros proyectos financiados por la gobernación de Orrego. En las próximas semanas, podrían conocerse más pruebas sobre el uso de fondos públicos, así como el rol de otros actores clave en la administración de estos recursos. La opinión pública, mientras tanto, sigue expectante ante cada revelación.
Claudio Orrego en la mira de la justicia y de la opinión pública
La polémica del caso Convenios es solo un capítulo más en la larga historia de dudas sobre el manejo de fondos públicos en Chile. La relación entre Orrego y Larraín, los millonarios convenios asignados a ProCultura y las transferencias sin respaldo son aspectos que la fiscalía debe aclarar. Por ahora, el caso sigue abierto y Claudio Orrego enfrenta uno de los mayores desafíos de su carrera política.