El caso ProCultura, parte de la investigación más amplia conocida como el caso Convenios, continúa avanzando. Esta semana, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó una incautación de equipos electrónicos vinculados al programa “Quédate,” una iniciativa financiada por el Gobierno Regional Metropolitano bajo la dirección de Claudio Orrego. Esta acción de la PDI arroja nuevas pistas sobre el posible desvío de fondos públicos y pone en el centro de la polémica a las autoridades involucradas.
Incautación de equipos: un paso clave en la investigación
En un operativo sorpresa, la PDI incautó computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a exfuncionarios de ProCultura, ONG que recibió $1.683 millones del Gobierno Regional Metropolitano para el programa “Quédate.” La incautación de estos equipos busca esclarecer el manejo de los fondos y confirmar si hubo desvío de recursos o tráfico de influencias en la asignación de fondos por parte de la gobernación liderada por Claudio Orrego.
El contexto del programa “Quédate” y la relación con Orrego
“Quédate” es un programa de prevención de suicidios que buscaba coordinar esfuerzos de salud mental a través de ProCultura. Sin embargo, la controversia se centra en que el convenio se otorgó de manera directa a la ONG, pocas semanas después de que Alberto Larraín, fundador de ProCultura, fuera nombrado director de la Corporación de Desarrollo presidida por Orrego. Este hecho ha suscitado sospechas de posible tráfico de influencias y falta de transparencia en el manejo de los recursos.
Transferencias cuestionadas: fondos sin respaldo
Documentos de la fiscalía revelan que, entre 2022 y 2023, ProCultura realizó transferencias significativas hacia cuentas personales de Larraín y de la representante legal de la fundación, Constanza Gómez, por montos que superan los $110 millones. La falta de boletas de honorarios u otros justificativos en estas transferencias plantea serias dudas sobre el uso de los fondos. Esta irregularidad en el flujo financiero es uno de los aspectos más relevantes que la fiscalía busca esclarecer a través de las incautaciones.
La versión del Gobierno Regional Metropolitano
Ante el desarrollo de la investigación, el Gobierno Regional Metropolitano ha emitido un comunicado defendiendo su proceso de selección de ProCultura como ejecutora del proyecto. Orrego ha declarado que el convenio se otorgó a la ONG debido a que otras organizaciones no podían cumplir con los requisitos legales, como la contratación de seguros y boletas de garantía. Además, Orrego sostiene que el Gore presentó una querella criminal por apropiación indebida, manifestando su compromiso con la transparencia en el uso de fondos públicos.
La postura de ProCultura y su cierre en 2023
En medio de las acusaciones, ProCultura anunció el cierre de sus operaciones en noviembre de 2023, argumentando un daño irreparable en su reputación. Este cierre ha sido interpretado por algunos sectores como una estrategia de la fundación para evitar futuros conflictos judiciales. Sin embargo, la fiscalía sigue indagando el destino de los fondos y la administración de los convenios suscritos con otras gobernaciones, lo que mantiene a ProCultura en el centro de la polémica.
Orrego bajo presión: ¿es responsable o víctima de acusaciones infundadas?
La figura de Claudio Orrego se ha visto afectada por las implicancias de este caso, especialmente debido a su larga relación con Larraín. Orrego ha argumentado en repetidas ocasiones que su vínculo con el líder de ProCultura es meramente profesional y que el Gore actuó de acuerdo con las normas al asignar los fondos a la ONG. Sin embargo, muchos cuestionan si esta relación pudo haber influido en la decisión de asignar fondos de manera directa, y si el proceso se llevó a cabo con la transparencia necesaria.
Otros gobernadores también bajo la lupa
Claudio Orrego no es el único gobernador investigado en el marco del caso Convenios. Otros líderes regionales, como los gobernadores de Magallanes, Antofagasta y Valparaíso, también enfrentan investigaciones por convenios millonarios firmados con ProCultura. Este patrón sugiere una posible falta de control en la administración de fondos públicos en diversas regiones del país, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades para implementar medidas más estrictas de supervisión y auditoría.
La importancia de las pruebas incautadas
La incautación de equipos por parte de la PDI podría proporcionar pruebas cruciales para determinar si hubo o no un desvío de fondos. Los dispositivos electrónicos incautados contienen registros financieros, correos electrónicos y documentos clave que podrían ayudar a la fiscalía a reconstruir el manejo de los fondos y a identificar si existió algún tipo de fraude. La expectativa es que esta información permita resolver la incógnita sobre el rol de Orrego y otros actores en el uso de los recursos.
La opinión pública y el futuro de Orrego
La controversia en torno al caso Convenios ha tenido un impacto significativo en la imagen pública de Claudio Orrego, quien ha sido una figura destacada en la política chilena. Aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales en su contra, la presión de la ciudadanía y de los medios de comunicación sobre su rol en este caso es evidente. Muchos observadores consideran que su futuro político depende en gran medida de los resultados de la investigación y de su capacidad para demostrar que los convenios se asignaron de manera transparente.
Conclusión: ¿Un caso de corrupción o errores administrativos?
La complejidad del caso Convenios deja a la opinión pública con muchas preguntas y pocas respuestas claras. La relación entre Orrego y Larraín, la asignación directa de fondos a ProCultura y las transferencias sin respaldo son aspectos clave que requieren un análisis exhaustivo. Si bien la incautación de equipos es un avance significativo en la investigación, queda por ver si se logrará demostrar algún delito o si, por el contrario, los convenios suscritos por el Gore fueron un caso de administración cuestionable sin indicios de corrupción.