La investigación del caso Convenios ha revelado la ruta de fondos públicos hacia la ONG ProCultura, y en el centro de esta polémica figura el gobernador Claudio Orrego. La fiscalía investiga si los fondos asignados a ProCultura, bajo la dirección del psiquiatra Alberto Larraín, fueron gestionados con transparencia o si hubo tráfico de influencias. Este artículo explora la ruta de los fondos, las decisiones en su asignación y los vínculos personales que podrían haber influido en el proceso.
El programa “Quédate” y la asignación de fondos
En 2022, el Gobierno Regional Metropolitano (Gore), encabezado por Orrego, asignó $1.683 millones a ProCultura para implementar el programa “Quédate,” orientado a la prevención de suicidios. La asignación directa del convenio a ProCultura, sin concurso público, ha levantado sospechas en la fiscalía, que busca determinar si el vínculo personal entre Orrego y Larraín pudo influir en esta decisión.
Los vínculos entre Orrego y Larraín: ¿fue confianza o favoritismo?
La relación profesional entre Orrego y Larraín se remonta a 2012, cuando Larraín trabajó en un consultorio de salud mental de Peñalolén, comuna dirigida entonces por Orrego. Posteriormente, Larraín apoyó la campaña presidencial de Orrego en 2013, lo cual ha generado dudas sobre si su relación de confianza influyó en la elección de ProCultura para administrar el programa “Quédate.” Algunos sectores cuestionan si este vínculo representa un conflicto de interés en la asignación de fondos públicos.
Las transferencias bajo sospecha: sin respaldo documental
Documentos de la fiscalía revelan que, entre 2022 y 2023, se detectaron múltiples transferencias de dinero desde las cuentas de ProCultura a las cuentas personales de Larraín y de la representante legal de la ONG, Constanza Gómez. Estas transferencias, que superan los $110 millones, no están respaldadas por boletas de honorarios ni documentos justificativos, lo cual plantea dudas sobre el destino de los fondos asignados. La fiscalía analiza si estas transferencias son parte de un posible esquema de desvío de recursos.
La postura del Gobierno Regional Metropolitano
Orrego ha defendido la transparencia en la asignación de fondos a ProCultura. Según el Gore, ProCultura fue elegida como ejecutora del programa “Quédate” porque cumplía con los requisitos necesarios para operar, como la contratación de seguros y garantías. Orrego argumenta que el proceso se ajustó a la normativa y que la elección de ProCultura no obedeció a favoritismos personales, sino a criterios administrativos. Además, el Gore ha presentado una querella criminal en contra de ProCultura, reafirmando su compromiso con el control de los recursos públicos.
ProCultura cierra sus puertas en medio de la controversia
En noviembre de 2023, ProCultura anunció el cierre definitivo de sus operaciones, argumentando que el daño reputacional generado por el caso Convenios era insostenible. Este cierre no detiene la investigación en curso, y algunos interpretan la decisión como una estrategia para evitar conflictos judiciales futuros. El cierre de ProCultura añade presión sobre Orrego y su administración para demostrar que los fondos asignados fueron gestionados de manera transparente.
La investigación se amplía a otros gobernadores
Además de Orrego, otros gobernadores regionales, como los de Magallanes, Antofagasta y Valparaíso, también están bajo investigación por convenios con ProCultura. La fiscalía está evaluando los procesos de asignación de fondos en cada una de estas regiones, buscando patrones que indiquen una posible red de favoritismo o falta de control en la administración de recursos públicos. El caso podría convertirse en un ejemplo de la necesidad de implementar mejores prácticas de transparencia en la gestión de fondos públicos en Chile.
La incautación de equipos: una pieza clave en la investigación
Recientemente, la Policía de Investigaciones (PDI) incautó dispositivos electrónicos pertenecientes a exfuncionarios de ProCultura, incluyendo computadoras y teléfonos móviles. Esta incautación busca obtener pruebas sobre la administración de los fondos y las comunicaciones entre la ONG y las gobernaciones involucradas. Los investigadores esperan que estos dispositivos contengan registros financieros, correos electrónicos y documentos que puedan aportar claridad sobre el uso de los fondos y si existió un tráfico de influencias en la asignación del programa “Quédate.”
El impacto en la carrera de Claudio Orrego
La investigación del caso Convenios ha afectado la imagen pública de Claudio Orrego, quien ha sido una figura destacada en la política chilena. Aunque hasta ahora no se han presentado cargos formales en su contra, la opinión pública sigue cuestionando si su relación con Larraín pudo influir en la asignación de fondos. La transparencia en la administración de estos recursos es fundamental para el futuro político de Orrego, quien deberá demostrar que los convenios fueron gestionados de acuerdo a los principios de transparencia y ética.
ProCultura: de la fama al declive en un solo año
ProCultura, fundada por Larraín en 2010, tenía como misión principal la promoción de actividades culturales y el bienestar social. Sin embargo, en 2022, sus ingresos aumentaron drásticamente gracias a convenios con varias gobernaciones. Este incremento en fondos y las transferencias sin respaldo han puesto a la ONG bajo la lupa de la fiscalía, que busca esclarecer si este crecimiento estuvo basado en prácticas corruptas o en una simple falta de control en la administración de fondos públicos.
¿Corrupción o falta de control?
La ruta de los fondos públicos destinados a ProCultura y las transferencias sin respaldo generan preguntas sobre la transparencia en la administración de los recursos del caso Convenios. A medida que avanza la investigación, se espera que la fiscalía aclare si las relaciones personales y la falta de supervisión en la asignación de fondos fueron determinantes en el caso. Para la opinión pública, el desenlace de esta investigación será clave para definir los estándares de transparencia en la gestión pública y el futuro político de Claudio Orrego y otros gobernadores implicados.