El caso Convenios ha generado revuelo en la opinión pública, exponiendo presuntas irregularidades en la asignación de fondos públicos. En el centro de esta controversia, figuras como Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, y Alberto Larraín, fundador de la ONG ProCultura, se ven vinculadas por convenios millonarios que ahora son objeto de investigación. A continuación, desglosamos los puntos clave para entender si estos vínculos sugieren corrupción o simples coincidencias.
La querella inicial y el foco en la gobernación de Claudio Orrego
En junio de 2023, diputados del Partido Republicano presentaron una querella contra Alberto Larraín, director de la fundación ProCultura, y su representante legal, María Constanza Gómez, por presunto fraude al Fisco. El caso, que ha ido acumulando pruebas y testigos, ha centrado la atención en los convenios suscritos por la Gobernación Metropolitana, a cargo de Claudio Orrego, con ProCultura para proyectos de alto impacto en salud mental. Estos diputados sostienen que, debido a una estrecha relación entre Larraín y Orrego, ProCultura obtuvo de manera irregular fondos para ejecutar el programa “Quédate”.
Los antecedentes y la figura de Alberto Larraín
Alberto Larraín, un psiquiatra y ex novicio jesuita, fundó ProCultura en 2010 y, a lo largo de su trayectoria, ha sido reconocido por sus proyectos culturales y de salud pública. Sin embargo, documentos obtenidos por la fiscalía detallan que ProCultura, con sede en Santiago, incrementó sus ingresos de fondos públicos en más de diez veces entre 2021 y 2022, coincidiendo con la administración de Orrego en la Región Metropolitana. Este crecimiento financiero genera sospechas en la investigación sobre un posible tráfico de influencias y uso indebido de recursos fiscales.
El convenio “Quédate” y los traspasos millonarios
Uno de los convenios más polémicos suscritos por la gobernación de Orrego es el del programa “Quédate,” un proyecto para la prevención de suicidios que pretendía trabajar en colaboración con otras fundaciones. La asignación directa de $1.683 millones para su ejecución ha llamado la atención de la Fiscalía de Aysén, que está investigando posibles delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida. Las sospechas aumentan al observar que Larraín fue nombrado director de la Corporación de Desarrollo Regional, entidad presidida por Orrego, apenas 21 días antes de aprobarse el millonario convenio.
¿Un vínculo de largo plazo entre Larraín y Orrego?
La relación entre ambos no es reciente. Desde el 2012, Larraín trabajó en el consultorio de salud mental de Peñalolén, cuando Orrego era alcalde de dicha comuna. Esta colaboración se extendió hasta la campaña presidencial de Orrego en 2013, en la que Larraín participó activamente. Dichos antecedentes plantean la posibilidad de que estos lazos previos hayan influido en la asignación de fondos a ProCultura y en la posición de Larraín en la Corporación de Desarrollo.
Incógnitas en las transferencias de fondos
De acuerdo con la fiscalía, se detectaron múltiples transferencias de dinero desde las cuentas de ProCultura a cuentas personales de Larraín y de la representante legal de la fundación, Constanza Gómez. Este flujo de fondos hacia personas naturales, sin respaldo de boletas de honorarios u otro justificativo, levanta alertas sobre la transparencia de los recursos recibidos para proyectos sociales. La suma de estas transferencias supera los $110 millones y es uno de los aspectos que mayor interés ha suscitado entre los querellantes y la opinión pública.
La respuesta del Gore y la defensa de Orrego
Ante la magnitud de las acusaciones, el Gobierno Regional Metropolitano (Gore) ha sostenido públicamente que todos los convenios fueron ejecutados bajo los lineamientos de transparencia y control de recursos. En una declaración emitida por el Gore, afirman que ProCultura fue elegida como ejecutora del programa “Quédate” no por favoritismo, sino debido a que cumplía con los requisitos legales para contratar seguros y boletas de garantía, un requisito fundamental para recibir fondos públicos. Orrego ha defendido su papel como querellante en el caso, sosteniendo que fue la gobernación quien presentó una demanda civil y una querella criminal por apropiación indebida contra ProCultura, alegando que los tribunales serán quienes determinen si existen o no delitos en el uso de estos recursos.
¿Hay delito o solo malas prácticas administrativas?
La opinión pública se debate entre quienes consideran que las relaciones entre Orrego y Larraín son simplemente de naturaleza profesional, y quienes sostienen que estos vínculos han facilitado actos de corrupción. El cuestionamiento central gira en torno a si el nombramiento de Larraín en la Corporación de Desarrollo y la posterior adjudicación de fondos a ProCultura fueron decisiones motivadas por una relación de cercanía entre ambos o si existen pruebas concretas de delito en el manejo de los recursos fiscales.
El impacto en la imagen de Orrego y el alcance de la investigación
La controversia afecta directamente la imagen de Claudio Orrego, quien ha sido una figura destacada en el ámbito político chileno, especialmente en el área de la gestión pública. Además, otros gobernadores regionales, como el de Magallanes y el de Antofagasta, enfrentan investigaciones similares, lo que muestra la complejidad del caso Convenios y la dimensión de los fondos involucrados a nivel nacional.
El futuro de ProCultura
En noviembre de 2023, la fundación ProCultura anunció el cese de sus operaciones, argumentando un daño irreparable en su reputación. Este cierre ha generado una mayor presión sobre el Gobierno Regional Metropolitano para que aclare los detalles de la colaboración con la ONG y permita que la investigación siga su curso con total transparencia. La fiscalía ha prometido seguir avanzando en el caso y, hasta la fecha, no se ha imputado formalmente a ninguna figura pública.
¿Responsabilidad administrativa o corrupción?
La falta de claridad en el destino de los fondos y los vínculos personales entre Orrego y Larraín han dejado dudas en la ciudadanía. Si bien aún no se ha comprobado la participación directa de Orrego en delitos de corrupción, las pruebas presentadas hasta ahora indican que su relación con Larraín merece una revisión exhaustiva. Por ahora, la fiscalía continúa investigando y la opinión pública sigue de cerca cada detalle del caso para sacar sus propias conclusiones.